Desde
que comenzó la mal llamada “crisis”, los empleados públicos
hemos sido el blanco perfecto para que los diferentes gobiernos
(tanto centrales como autonómicos) hayan repercutido sobre nuestros
derechos laborales y retributivos las medidas más contundentes para
paliar de manera rápida y a golpe de RD sus nefastas políticas de
reducción implacable del déficit público basadas exclusivamente en
medidas de austeridad y de recorte de derechos, impuestas también
desde la U.E, la Troika y el gobierno alemán.
Así,
desde mayo del 2010, los recortes sobre los derechos de los empleados
públicos se suceden, agravándose sustancialmente en julio del 2012
con la aprobación del RD 20/2012, el proyecto de PGE para 2013 así
como todos los proyectos de reforma que el ministro de Justicia
pretende implantar en la Administración de Justicia:
- RD 8/2010: Rebaja generalizada de las retribuciones de los empleados públicos de media un 5%
- PGE aprobados para los años 2011 y 2012: Congelación salarial
- RD 20/2012: Supresión de la totalidad de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, que ya se está haciendo efectiva mes a mes en la nómina de los funcionarios de Justicia y sobre la que, admás, sí estamos cotizando a la Mugeju a pesar de no cobrarla
- Proyecto PGE para 2013: nueva congelación salarial, que tendrá como consecuencia la pérdida de poder adquisitivo de más del 30%
- Disminución de las partidas presupuestarias del Ministerio de Justicia año tras año, que ya ha supuesto una drástica reducción o supresión de partidas destinadas al nombramiento de personal interino, contratación de personal temporal, prolongaciones de jornada, refuerzos, Planes de Actuación de los Juzgados de Violencia sobre la mujer, acción social y formación,
- Incremento de la jornada laboral a 37,5 hs/semanales
- Congelación de la OEP durante el 2012, también en la Administración de Justicia, a pesar de que las convocatorias de oposiciones en nuestra Administración no conllevan incremento de gasto alguno.
- Falaz inclusión en el Proyecto de PGE-2013 de la posibilidad de convocar OEP hasta un máximo del 10% de la tasa de reposición de efectivos en la Administración de Justicia
- No creación de unidades judiciales 2011-2012
- Además, a través del proyecto de modificación de la LOPJ, el ministerio de Justicia, unilateralmente y sin negociación alguna, aplicará las medidas contenidas en el RD 20/2012 a los trabajadores de la Administración de Justicia y además de la supresión de la paga extra de diciembre, se elimina 6 días de permiso por asuntos particulares y los días adicionales por antigüedad en las vacaciones y en los asuntos particulares, reduce el abono del 100% de las prestaciones en los casos de bajas por Incapacidad Temporal durante los seis primeros meses, abonando el 50% los tres primeros días y el 75% los días 4-20º o introduce la movilidad geográfica obligatoria a los trabajadores de la Administración de Justicia al poder establecer planes de ordenación de recursos humanos que implicarían incluso el cambio de municipio donde se prestan servicios.
- El reciente RD 1483/2012, de 29-Octubre (BOE 30 de octubre) desarrolla y concreta las disposiciones de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP, introduciendo el despido colectivo en las Administraciones Públicas, de tal manera que los principales afectados, más de 700.000 empleados públicos laborales, podrán ser incluidos en un ERE total –sin posibilidad de reducción de jornada o suspensión temporal de contratos- cuando la Administración Pública demuestre una minoración de su presupuesto del 5%.
- Proyectos que ya han sido anunciados por el Ministro de Justicia y que serán aprobados de manera inmediata, algunos de los cuales ya hemos conocido en fase de informe o estudio inicial, como la nueva modificación a la Ley de Registro Civil, la desjudicialización de asuntos judiciales para ponerlos en manos de Notarios o Registradores de la Propiedad, privatización de servicios de notificaciones y ejecuciones de sentencias para dejarlos en manos de Procuradores, servicios de interpretación judicial en manos de empresas privadas, una nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial que supondrá la reducción de más de la mitad de los actuales partidos judiciales, etc, etc…cuyas consecuencias en el empleo público en la Administración de Justicia, en los derechos de los trabajadores así como en un desmantelamiento del Servicio Público de la Justicia cuya prestación también garantizamos con nuestro trabajo, serán devastadoras: amortización de plantillas, cese de personal interino, no convocatoria de oposiciones –tanto para el turno libre como para la promoción interna-, no convocatoria de concurso de traslados, movilidad geográfica incluso con cambio de municipio, encarecimiento de los costes de la Justicia hacia el ciudadano y también a los propios empleados públicos.
- Encarecimiento de la Justicia a los empleados públicos, a quienes se nos exige para defender nuestros legítimos derechos laborales ante los tribunales contenciosos acudir con Abogado y Procurador, así como pagar las nuevas tasas judiciales y las costas procesales en caso de ver desestimadas nuestras pretensiones
Y
SI AÚN CREES QUE NOS FALTAN MOTIVOS PARA SECUNDAR LA HUELGA DEL
14-N, RECUERDA QUE:
- A principios de 2012 nos incrementaron el 2% en el IRPF, mientras que a otros se les concedía una amnistía fiscal por defraudar al fisco.
- El 1 de septiembre de 2012, hemos visto incrementado de manera desmesurada el IVA de todos los artículos y servicios que consumimos, los impuestos a los hidrocarburos, la electricidad, la cultura y ocio, los transportes públicos... el tipo general ha pasado del 18% al 21%, el reducido del 8% al 10%, y muchos productos que contaban con el IVA reducido o superreducido pasan a tributar por IVA general al 21%, sin tener en cuenta cuáles son los ingresos, es decir, con este impuesto al consumo pagamos todos los ciudadanos lo mismo, independientemente de cuál sea nuestra capacidad económica.
- El recorte en derechos sanitarios con medidas como el “copago” farmacéutico y sanitario y que aún no ha terminado, pues la próxima cartera de servicios básicos en la seguridad social que aprobará el gobierno dejará fuera numerosas prestaciones.
- El recorte en las políticas educativas, con el incremento de las tasas universitarias, la supresión de becas de comedor o de libros de texto, el endurecimiento de los requisitos para acceder a becas públicas, y el proyecto de reforma educativa que nos lleva al siglo XIX
- Desde Julio, las prestaciones por desempleo se han visto reducidas y se han endurecido los subsidios de desempleo para mayores de 52 años y la Renta Activa de Inserción
- La Ley de Tasas Judiciales cuya tramitación parlamentaria está finalizando introduce el repago judicial para todos los ciudadanos sin tener en cuenta su capacidad económica y que provocará una Justicia para ricos y otra para pobres.
- La reducción o supresión de las partidas presupuestarias para el cumplimiento de la Ley de Dependencia
- La pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas
- La recientemente anunciada nueva reforma de las pensiones para impedir las jubilaciones anticipadas, también a los empleados públicos, o limitar la jubilación parcial.
- 1 de cada 4 españoles se encuentra en el paro y el paro juvenil alcanza ya el 52%, obligando a muchos jóvenes, estudiantes, becarios, investigadores a emigrar fuera de nuestro país
- Porque el rescate a la Banca en forma de deuda pública, supone 1.846,67 euros por cada ciudadano español, pero el crédito a familias, pequeñas empresas, comercios,… sigue sin fluir
La
mayoría de estas medidas son fruto de las políticas del gobierno
del PP en este último año, medidas profundamente antieconómicas,
antisociales e injustas, ocultas en el programa electoral con el que
concurrió a las elecciones generales que le aupó a la mayoría
absoluta y que han sido negadas reiteradamente a lo largo de estos
meses.
Políticas
que están llevando a una agresión sin precedentes al conjunto de la
clase trabajadora, a una destrucción de empleo imparable, y que en
el último trimestre ha supuesto por primera vez una mayor
destrucción de empleo público
frente a la destrucción de empleo privado, la presión fiscal ha
recaído fundamentalmente en las clases medias y bajas, mientras que
se omiten medidas de mayor progresividad fiscal en función de la
renta, protegiendo las rentas más altas, no subiendo el impuesto del
patrimonio, o el impuesto de sociedades, el impuesto a las
transacciones financieras , las SICAV,…
Y
en este marco, se presenta el proyecto
de PGE para 2013:
- con un incremento de 80.000 parados más el último mes
- una disminución del 6.3 % de las prestaciones por desempleo, cuando los datos apuntan a más de 1.700.000 hogares en España con todos sus miembros en el paro.
- Previsión de incremento de pensiones de 1% con un IPC por encima del 2,5-3%
- Una nueva congelación de retribuciones a los empleados públicos
- Nula inversión pública con lo que se sacrifica estímulos de crecimiento de la actividad económica y de creación de empleo.
- Renuncia total a una política fiscal distinta.
- Renuncia a exigir a la banca la devolución de la factura que su estafa está generando.
- Decrece la protección social, las partidas de atención a la dependencia, y servicios sociales, mundo rural, medio ambiente…
- Incluye los intereses del pago de la deuda bancaria como gasto público, que supone más del 40% del presupuesto total
- Obliga a las CCAA a impulsar más recortes en sus competencias, tanto de sanidad como de educación.
Y
mientras tanto, la negociación colectiva está bajo mínimos o
inexistente, en
la Administración de Justicia no se ha convocado aún la Mesa
Sectorial de Justicia y la negociación de las condiciones laborales
de los trabajadores de Justicia es nula,
los convenios colectivos siguen bloqueados, sigue cayendo
permanentemente el poder adquisitivo de los trabajadores, los
empleados públicos y pensionistas, que repercute en una caída
imparable del consumo, y en un empobrecimiento generalizado de los
ciudadanos, ….y todo ello constituye un lastre insuperable para la
recuperación económica y del empleo. Mientras, el gobierno juega a
pedir o no un nuevo rescate condicionado a nuevos recortes.
Todo
ello envuelto en un manto de mentiras, medias verdades, oscurantismo
y ocultismo y una creciente represión de todo tipo de discrepancia,
sindical y social, con el consiguiente deterioro de la convivencia,
de las libertades y de la democracia.
Por
ello, CCOO
hace un llamamiento a todos los trabajadores de la Administración de
Justicia,
al resto de empleados públicos, a los parados, pensionistas,
jóvenes, ciudadanos en general a revertir las políticas
“austericidas” del gobierno, a defender los Servicios Públicos y
el SP de la Justicia, el rechazo a las políticas sociales de
recortes y desmantelamiento del Estado del Bienestar, el rechazo a
las políticas económicas y fiscales que, tanto a nivel europeo como
en España sólo contribuyen a ahondar en la crisis, incrementando el
desempleo y la pobreza.
El
14-N exigimos un cambio radical en las políticas, para:
- defender unos Servicios Públicos de calidad y equidad para todos y en condiciones de igualdad (Sanidad, Educación, Justicia, Servicios Sociales ….)
- priorizar la reactivación económica y la creación de empleo, especialmente juvenil
- cambiar el patrón económico que aporte un desarrollo sostenible, un sector industrial fuerte y competitivo, basado en políticas de I+D+I
- Reversibilidad de la reforma laboral, aprovechando el trámite parlamentario de la ILP que CCOO y otras organizaciones sindicales y sociales llevó al Congreso.
- Un cambio en la legislación sobre Desahucios, a través de la ILP que sobre la Dación en Pago también se ha puesto en marcha desde CCOO y otras organizaciones sociales.
- Reforzar las prestaciones por desempleo, revalorización de las pensiones real y reestablecimiento de las políticas sociales.
- Regenar la democracia, en el seno de la UE para avanzar hacia una unión económica, política, pero sobre todo SOCIAL. Para ello, exigimos al gobierno, junto a todos los miembros de la Cumbre social, que convoque un referéndum sobre las medidas que está impulsando, dado que ninguna de ellas estaba en el programa electoral que propuso el 20 de noviembre de 2011 a los ciudadanos españoles.
Además,
hay que poner en valor que, por primera vez, en el marco de la CES,
se produce una convocatoria de movilización general europea, lo que
dimensiona esta jornada como un problema, no sólo de España, sino
del conjunto de la UE, sobre todo de los países del sur que el 14-N
también secundarán huelga general como Portugal, Grecia e Italia, y
por su parte la CSI organizará una campaña internacional de
solidaridad y apoyo al 14-N y a los trabajadores europeos, reclamando
a los gobiernos nacionales y a las instituciones de la UE un cambio
en las fracasadas políticas de austeridad y de recortes de derechos
sociales, laborales y sindicales. Una HG que en España está
convocada por la práctica totalidad de las organizaciones sindicales
y sociales integradas en la Cumbre Social y en la Plataforma en
defensa de los empleados públicos (salvo Csif), el mundo de la
cultura, los sindicatos de estudiantes,…
Mientras
todos se unen, no te puedes quedar fuera
¿A
cuántos derechos estamos dispuestos a renunciar?
Si
luchamos podemos perder, pero si no luchamos estamos perdidos
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