Nueva Oficina Judicial y Fiscal en Andalucía: Todo cambia para que todo siga igual.

Asistimos en estos días a una intenso ejercicio de propaganda por parte de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, acerca de la implantación, como proyecto piloto, en Vélez Málaga, Fiscalía de Sevilla y El Ejido, de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal.

Todo comienza en el año 2003, los dos principales partidos políticos españoles firmaron el llamado “Pacto de Estado por la Justicia”.

Bonito nombre y buenas intenciones: compromiso de incrementar inversiones para nuevas sedes judiciales, informatización, aumento de personal y sobre todo de modificar las leyes sustantivas e implantar un modelo organizativo similar al existente en las administraciones modernas y eficientes.

Se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial, que por presiones sindicales, recogía estas ideas.

Pero una cosa es lo se plasme en una Ley, aunque sea Orgánica, y otra muy diferente lo que se lleva a la práctica.

Pues bien, aproximadamente hasta siete años después del pacto de estado por la Justicia, aún no se habían desarrollado todas las modificaciones normativas necesarias, y todavía hoy no se ha finalizado, y asistimos, por mor de la mayoría absoluta del PP, a cambios totalmente contrarios al citado pacto.

Cambios que suponen una involución en nuestra maltratada administración de justicia: tasas para pleitear, cierre de numerosos Juzgados, privatizaciones, (la más próxima y escandalosa, la de los Registros Civiles) y con la excusa de la crisis no se invierte nada nuevas sedes, ni en sistemas informáticos, se recorta en personal y no se convocan nuevas plazas.

Andalucía no es una excepción a esta realidad. En nuestra Comunidad, una de las mayores en número de Juzgados, los juicios han venido aumentado sin que se haya respondido con más personal, al contrario en la actualidad se están reduciendo por primera vez en 30 años las plantillas, con despidos de personal interino y de refuerzo.

En el año 2005, tras intensas movilizaciones, se firmó un acuerdo marco entre la Administración, CCOO y UGT, que fijaba una serie de compromisos, el principal, la elaboración de una relación de puestos de trabajo consensuada en los Juzgados y Tribunales Andaluces.

Ese acuerdo, incluía un estudio de las necesidades de personal y medios materiales y la creación de Servicios Comunes pactados con los sindicatos de Justicia.

Los distintos cambios en la Consejería (hasta 5 Consejeros en los últimos 7 años) han ido aparcando esos compromisos y el desarrollo de la nueva oficina judicial.

Tras el nombramiento como Consejero del Sr. LLera, Fiscal de profesión, y su actual equipo formado en los altos cargos por Juez y Secretaria Judicial, parecía que por fin se iba a abordar de una vez por todas estas reformas.

Sin embargo las acciones emprendidas, a juicio de CCOO, van en sentido contrario y por tanto no tienen el apoyo de este sindicato, a pesar de las manifestaciones del Consejero en el Parlamento y en medios de comunicación, arrogándose el beneplácito sindical, más propaganda, y falsa en lo concerniente a CCOO

Se ha dado carpetazo al acuerdo marco 2005, no se ha pactado nada con los sindicatos, y se han emprendido medidas gravísimas de recortes, tanto salariales como de derechos de los trabajadores-as, lo que esta desincentivando a los funcionarios de justicia que ven además con impotencia como las cargas de trabajo están aumentando considerablemente y no se pone remedio por parte de la Consejería.

Se ha dictado un decreto para implantar la Nueva Oficina Judicial Y Fiscal (NOJF) en Andalucía, sin recoger las propuestas sindicales, sin aumento de plantillas, cuando todos los estudios realizados hasta el momento, inclusive por la propia Administración reconocían la necesidad de un incremento de trabajadores-as.

Se pretende implantar unos macro-servicios, sin delimitarlos, ni clarificar la división del trabajo, ni las tareas de los funcionarios. Cualquier organización moderna de la administración exige una relación de puestos de trabajo, definidos y organizados, lo que agilizaría enormemente los tiempos de respuesta, permitiendo además a los Jueces que se centren en su cometido constitucional, dictar sentencias y hacer que se ejecuten (así lo recogía el espíritu del pacto por la Justicia y la letra de la Ley Orgánica del Poder Judicial)

Sin embargo, en la NOJF andaluza ha primado el interés más añejo y corporativo de los Jueces, estos no pierden el control sobre cuestiones que les deberían ser ajenas, (edificios, agenda judicial, entre otras), y la necesaria Relación de Puestos de Trabajo, se convierte, en palabras de un funcionario, en un “Rebaño de Puestos de Trabajo”.

CCOO cree que esto es más de lo mismo, pasar de unidades pequeñas, los actuales Juzgados, dirigidas por un Juez y Secretario, a grandes unidades, dirigidas por Secretarios. Ambas, la antigua, y la “nueva” sin una organización moderna y eficiente

Además la Consejería se niega a garantizar un compromiso de revisión salarial en el futuro, o a garantizar los actuales ingresos, se niega a pactar los traslados de los trabajadores, ni a que estos sean voluntarios e incentivados.

En definitiva la Consejería de Justicia e Interior esta llevando a cabo una política propagandística, de hechos consumados, imponiendo recortes, sin inversiones ni en más funcionarios ni en nuevos medios materiales, con una visión totalmente conservadora de la organización de los órganos judiciales. Así no se van a solucionar los problemas que afectan a los Juzgados y Tribunales Andaluces. Todo cambia para que todo siga igual.

José María Vico Aranda. Coordinador Sector Admón. de Justicia de CCOO en Andalucía.-